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“No admitiremos devoluciones sueltas en ningún cliente. No patrocinaremos descuentos a consumidor final en ningún cliente. No haremos activaciones en puntos de venta con bonos Sodexho. No admitiremos devolución total en ningún cliente. Manifestaremos nuestra preocupación por el incremento en el apgo (sic) de licencia. Quedó (sic) este punto pendiente por revisar a mediano plazo”.
Este es tan solo uno de los muchos correos, mensajes de Whats App, copias de declaraciones y hasta fotocopias de escritos en agendas que sirvieron de pruebas para corroborar que efectivamente entre los ejecutivos de Kimberly, Scribe y Carvajal se pactaban las estrategias de mercadeo y comercialización de cuadernos en Colombia con el fin de ajustar precios y controlar ese mercado.
“Este mail me lo envió Carvajal… ellos me confirman que siguen firmes… y no van a patrocinar descuentos a consumidor final”, detalla otra de las pruebas en donde se vinculan a las empresas cartelizadas.
La investigación de la SIC, en la que se recomiendan sanciones de casi $70.000 millones para cada empresa, detalla que el cartel “se originó en el año 2001 y, según el material probatorio encontrado por la Delegatura, se mantuvo hasta principios del año 2014. El cartel incluyó el segmento económico, intermedio y premium de los cuadernos”.
Y agrega que “el acuerdo de precios se materializó a partir de la determinación de los precios de los cuadernos para escritura en Colombia, a través de cinco vías: (a) la fijación de precios de los cuadernos del segmento premium a través del establecimiento de porcentajes de incremento de las listas de precios base, acorde con el cliente y el canal de comercialización; (b) fijación de “precios de salida” o precios mínimos en el segmento de cuadernos económicos e intermedios; (c) fijación de una política de no descuentos a consumidor final; (d) reclasificación de clientes, y (e) fijación de porcentajes máximos de descuento respecto de los cuadernos obsoletos”.
En otras palabras, estas empresas fueron amos y señores del negocio durante los más de 10 años que duró el cartel afectando a 3.7 millones de hogares que compran útiles escolares en el país o, visto de otra forma: 9.5 millones de estudiantes que asisten a un centro educativo.
La sanción, que ahora depende de la decisión del Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se tomará finalmente en unos 20 días hábiles, después de escuchar las recomendaciones que le de su consejo asesor.